El Gobierno español ha aprobado un Decreto Ley para que un grupo de bancos financie el rescate del almacenamiento de gas Castor con una fórmula en la que Enagás asume la hibernación del activo mientras que el pago final de 1.350 millones de euros al gestor controlado por ACS y el coste financiero se cargará a los usuarios del sistema gasista.
El decreto establece que Enagás, como operador técnico del sistema, gestionará la hibernación de la instalación de un almacenamiento que tuvo que ser suspendido a consecuencia de multitud de microseísmos y pagará a Escal, sociedad conjunta de Dundee Energy (33 por ciento) y ACS (66 por ciento), unos 1.350 millones de euros en concepto de indemnización.
«Se extingue la concesión que tenía la empresa Escal aceptando la renuncia presentada por ésta y sin perjuciio de las responsabilidades que pudieran derivarse. Se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros a esta empresa que será abonada por Enagás (…) y se contempla que el sistema gasista abonará a Enagás una cantidad para resarcirle de este pago», dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, tras el consejo de ministros.
Sin embargo, la operación será neutra para el balance de Enagás ya que el gestor del gas transferirá inmediantemente al grupo de bancos que financiará la indemnización los derechos de cobro asociados al coste del almacenamiento, que se pagará durante 30 años con los peajes del sistema gasista que asumen los consumidores, tanto empresas como ciudadanos usuarios de la red de gas.
«Lo que hace este decreto ley es dar una solución a la compleja situación del almacenamiento de gas Castor (…) Se hibernarán las instalaciones, lo que implica que está prohibido la extracción o inyección gas natural», agregó la vicepresidenta.
Santander, Caixa y Bankia serán las entidades que asumirán la financiación del almacenamiento, dijeron fuentes conocedoras del acuerdo. Santander tomará alrededor del 50 por ciento del préstamo, Caixa alrededor de un tercio y Bankia el 15 por ciento restante, añadieron.
Los bancos que asumen la financiación del almacenamiento cobrarán un diferencial de entre 120 y 130 puntos básicos frente al bono español que vence en 2032, un coste que también será asumido por el sistema gasista, dijo una fuente conocedora de la operación.
Esto supondrá un coste financiero ligeramente superior al 4 por ciento, ya que el bono cotizaba en el entorno del 2,9 por ciento el viernes.
«Dicha cesión de derechos de cobro, con cuyo precio se satisfará el pago al que hace referencia el Real Decreto Ley, se formalizará de manera inmediata coincidiendo con la publicación del Real Decreto Ley en el Boletín Oficial del Estado», dijo Enagás en un hecho relevante a la CNMV.
El grupo gasista agregó que las agencias de rating han sido informadas de esta operación y anunciarán que es neutra para la calificación crediticia de la sociedad.
Standard & Poor’s dijo el viernes que mantenía el rating de Enagás.
UNA INVERSIÓN «HIBERNADA»
Los accionistas de Escal, ACS y la canadiense Dundee Energy renunciaron a finales de junio al almacenamiento, meses después de que fuera suspendido por el ministerio de Industria al ser una de las posibles causas de los múltiples terremotos en la zona.
La inyección de gas colchón del proyecto, que estaba financiado con una emisión de bonos por 1.400 millones de euros avalada parcialmente por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), provocó centenares de microseísmos que causaron gran alarma en la zona del Castellón donde se sitúa el almacenamiento.
El Ministerio de Industria intentó con un recurso al Tribunal Supremo evitar el pago de una compensación en caso de extinción del contrato, pero el alto tribunal lo desestimó, estableciendo que si no hay negligencia o «dolo» atribuible a la empresa, y la instalación está en funcionamiento, el Estado tendría que asumir el activo e indemnizar a los dueños de Escal por el valor neto contable, que ascendería presumiblemente a las inversiones realizadas por la concesionaria.
Con la solución articulada, Enagás se limitaría a encargarse de la hibernación y el eventual desmantelamiento de la instalación en un futuro.
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